Meta 16.b

MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS METAS

META 16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible


Las Metas 16.a y 16.b se denominan «medios de ejecución», lo que indica que son fundamentales para la consecución de todas las metas del ODS 16. Para diferenciarlas, las metas de «resultados» anteriores se designan numéricamente y las metas de medios de implementación se designan alfabéticamente. A pesar de que las metas de medios de implementación son condiciones suspensivas para las metas de resultados del ODS 16 —como se ha destacado a lo largo de este Marco— todas las metas del ODS 16 están conectadas inextricablemente entre sí y con los ODS en términos más generales. Y aunque parece haber cierta duplicación, conviene explicar brevemente el alcance y la pertinencia de estas metas de medios de implementación, ya que se refieren a las empresas. 

Esta meta de medidas de implementación también es muy pertinente en todas las metas y es muy similar a la toma de decisiones inclusiva, participativa, representativa y que responda a las necesidades (Meta 16.7) y el acceso a la información y la protección de las libertades fundamentales (Meta 16.10). La Meta 16.b debe interpretarse asimismo junto con la Meta 16.a, ya que, sin las instituciones nacionales pertinentes y la cooperación internacional, los avances en la tarea de hacer frente a la discriminación y las desigualdades sistémicas (ODS 10) no pueden abordarse de manera eficaz e integral. 

Este objetivo refuerza la necesidad de que los gobiernos y las empresas apliquen una perspectiva no discriminatoria, desde leyes y políticas hasta productos y servicios, con el fin de proteger a los grupos marginados de la discriminación como ciudadanos/as, empleados/as, clientes/as e inversores/as. Estos grupos incluyen a mujeres y niños, minorías raciales y pueblos indígenas, la comunidad LGBTI y personas con discapacidad, de acuerdo con los instrumentos internacionales de derechos humanos. También debe tenerse en cuenta el modo en que se trata a las personas en función de su edad (especialmente a los mayores), filiación religiosa, convicciones políticas o situación financiera, entre otras capacidades, en consonancia con la Carta Internacional de Derechos

Las empresas deben asegurarse de «no causar daño» absteniéndose de presionar al gobierno o adoptar prácticas que alimenten las desigualdades o injusticias sistémicas para promover sus propios intereses. Esta expectativa es especialmente cierta con respecto a los grupos indígenas o grupos económicos de menor nivel que son más susceptibles a la explotación como hemos visto en situaciones tales como grandes proyectos de infraestructura/minería que afectan a la cultura y las comunidades indígenas o con la crisis de las hipotecas de alto riesgo de 2008 o, más recientemente, la crisis de los opioides que afecta de manera desproporcionada a comunidades socioeconómicas de menor nivel.

Por otra parte, las empresas deben fomentar una cultura desde la «sala de juntas hasta la sala de exposición» de la diversidad, la equidad y la inclusión en relación con sus políticas y prácticas y con sus ofertas y relaciones. Se anima a las empresas a desarrollar programas integrales de educación y formación que incluyan el acoso sexual y los prejuicios inconscientes e incluyan temas como la edad, las sensibilidades culturales, la discapacidad, el origen étnico, el género, la situación económica, la religión y otras consideraciones sociales. Estos diversos temas son esenciales para considerar la elaboración de estrategias de mercado o la elaboración de mensajes de marketing. Y, como se señala a lo largo de este Marco, es importante disponer de los mecanismos de reclamación y reparación apropiados para abordar cualquier caso de presunta conducta indebida relacionada con las actividades o relaciones de la empresa. 

Por último, las empresas tienen una oportunidad extraordinaria de abogar por principios universalmente aceptados que promuevan la diversidad, la equidad y la inclusión en todo el espectro de grupos protegidos. Esta oportunidad se ha demostrado en varios ejemplos a lo largo de este Marco en los que las empresas están alzando la voz y centrando sus inversiones con el fin de impulsar cambios legislativos y sistémicos en las formas importantes en que alinean sus intereses con los de sus clientes, empleados/as y comunidades.