META 16.10

Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales


Al igual que otras metas del ODS 16, en la Meta 16.10 existen varios temas que son significativos, tanto de manera colectiva como independiente. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), junto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), son responsables de los temas incluidos en la Meta 16.10. Estos temas se sustentan en los principales instrumentos de las Naciones Unidas, incluida la Carta Internacional de Derechos, que comprende la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR). La Meta 16.10 tiene un impacto significativo en todas las empresas y en las comunidades en las que tienen un interés u operan. Sin duda, estos instrumentos son fundamentales para los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y, como tales, fundamentan la responsabilidad de las empresas de respetar y apoyar los derechos humanos y las libertades fundamentales y, de hecho, el enfoque general del ODS 16 en la paz, la justicia y unas instituciones sólidas y esta meta en particular.

Acceso público a la información y aumento de la desinformación

Una dimensión clave de la buena gobernanza es la capacidad de la población de acceder libremente a información en la que fundamentar sus decisiones personales y tomar decisiones políticas, entre otras cosas. Según la UNESCO, hasta 127 países han adoptado leyes de acceso a la información en 2020, frente a tan solo 14 países en 1990, lo que refleja su creciente importancia a escala mundial. El derecho a la información mantenido por las autoridades públicas y reflejado en la legislación pertinente es un componente fundamental de la libertad de expresión y de la rendición de cuentas y la transparencia por parte de la Administración. De conformidad con las Metas 16.4, 16.5 y 16.6, esta meta requiere una mayor transparencia en la corriente de información al público en general con respecto a aspectos como hacer pública la contratación pública; la titularidad real final de estructuras corporativas complejas; y la cantidad y la calidad de la información que se publica en interés público. Y si algo hemos aprendido de escándalos como la Operación Lavado de Autos, los Papeles de Panamá y la desinformación derivada de la pandemia de COVID-19 es que la difusión de información exacta y oportuna no solo protege al público, sino que también genera confianza en las instituciones públicas y privadas.

Protección de las libertades fundamentales y del espacio cívico (incluidos el medioambiente, los derechos humanos y el trabajo y los activistas y periodistas)

La protección de las libertades fundamentales es un principio básico de la Carta Internacional de Derechos y, por extensión, de los Principios Rectores de las Naciones Unidos en lo que atañe a las empresas. Aunque las libertades fundamentales pueden interpretarse de manera diferente en diversos contextos y países, las Naciones Unidas se basa por lo general en la Carta Internacional de Derechos para definir su alcance, que se ha inspirado en gran medida en «Las cuatro libertades»: libertad de expresión, libertad de culto, libertad para vivir sin miseria y libertad para vivir sin temor. Las Cuatro Libertades fueron proclamadas con la creación de las Naciones Unidas hace 75 años y son tan ciertas hoy como siempre. 

Las libertades fundamentales comprenden y dependen de la capacidad de una persona para expresarse (individual o colectivamente) en respuesta a cuestiones económicas, sociales, medioambientales o políticas. Como se señala en la introducción a este Marco, el espacio cívico se enfrenta a una presión cada vez mayor. Basta leer los titulares para ver que se ha producido un aumento de la agitación civil y la desinformación y un retroceso del estado de derecho y de la confianza pública en las instituciones. 

Todos estos acontecimientos han dado lugar a una notable represión de la libertad de reunión y de expresión en línea mediante el cierre de Internet y en las calles mediante una fuerza excesiva, registrándose un aumento de los ataques y asesinatos de activistas y periodistas que dedican sus vidas a arrojar luz sobre cuestiones importantes en los países desarrollados y en desarrollo. La situación se ha exacerbado aún más por la pandemia de COVID-19, y algunos gobiernos han impuesto restricciones excesivas a las libertades fundamentales bajo el disfraz de la salud y la seguridad públicas. 

En la línea de fuego

Las empresas tienen un interés particular en los tipos de cuestiones por las que se realizan estos sacrificios, actuando los activistas y periodistas como «el canario en la mina de carbón» y exponiendo los riesgos civiles, económicos y políticos que limitan la capacidad de una empresa para operar en una sociedad libre, abierta y segura. Estas cuestiones incluyen, a título meramente ilustrativo, el soborno y la corrupción y otras formas de delincuencia organizada (Metas 16.4 y 16.5); la desigualdad de género (ODS 5); los derechos indígenas y la desigualdad racial y social (ODS 10); los derechos del niño y los derechos laborales (ODS 8 y Meta 16.2); la justicia climática y la protección del medioambiente (ODS 13); y la protección de los procesos democráticos, incluida la libertad de prensa (o «el cuarto patrimonio»), el derecho de reunión y el derecho de voto. Todos estos esfuerzos tratan de proteger el estado de derecho y el acceso a la justicia para todos (Meta 16.3) y garantizar que a todos nos gobiernen instituciones eficaces, inclusivas, participativas, receptivas y transparentes que respondan a las necesidades en todos los niveles, incluidos los públicos y privados (Metas 16.6 y 16.7). 

La comunidad empresarial reconoce cada vez más el valor del espacio cívico en la defensa de las libertades fundamentales y el fortalecimiento de un entorno propicio. Sin duda, los gobiernos, la sociedad civil y las empresas tienen interés en garantizar que todos tengan la oportunidad de participar, promover y proteger no solo esas libertades fundamentales, sino también el estado de derecho y una gobernanza sujeta a la rendición de cuentas, así como la paz, la justicia e instituciones sólidas de las que dependen. Esta convergencia de intereses se subraya en el informe de la ACNUDH Civil Society Space: Engagement with International and Regional Organizations (Espacio de la sociedad civil: compromiso con organizaciones internacionales y regionales), que se centra en los papeles desempeñados por las diferentes organizaciones para apoyar el espacio de la sociedad civil. La responsabilidad normativa de actuar en determinadas circunstancias (de conformidad con los Principios Rectores de las Naciones Unidas) y la oportunidad discrecional de actuar en otras situaciones fundamentadas en la argumentación económica se establecen en la orientación Shared Space Under Pressure:Business Support for Civic Freedoms and Human Rights Defenders (Espacio compartido bajo presión: apoyo empresarial a los defensores de las libertades cívicas y los derechos humanos).

El papel de las empresas en la consecución de la Meta 16.10, especialmente en este momento, es crucial por una serie de razones que van desde el acceso a la información y a Internet hasta la protección de la intimidad y otras libertades fundamentales. 

Acceso a la información e Internet

El meteórico auge de las redes sociales y el continuo declive de los medios tradicionales han dado lugar a una nueva era de desinformación e incitación al odio (y han alimentado los delitos de odio y otras formas de extremismo violento). Con la proliferación de las fuentes públicas de información, el sector de la tecnología, la información y las comunicaciones (TIC) actúa como guardián fundamental y, como tal, asume una responsabilidad especial para garantizar que esta información sea accesible, exacta, imparcial, responsable y oportuna. Curiosamente, el Informe especial del barómetro de confianza de Edelman sobre la COVID-19 puso de relieve que tras la reciente crisis, muchas personas están recurriendo a una gama más amplia de empresas, incluidos sus empleadores o proveedores de servicios, para obtener información y soluciones fiables que afectan a sus vidas y medios de subsistencia. 

Otra dimensión importante digna de consideración por las empresas es el acceso equitativo a Internet. Según el Informe sobre asequibilidad 2020  de la Alianza para una Internet Asequible (A4AI), miles de millones de personas de todo el mundo siguen sin estar conectados debido al coste de conexión y otros impedimentos de acceso. La A4AI pide a los gobiernos que desarrollen planes nacionales eficaces de banda ancha para hacer más asequible el acceso a Internet y permitir que más personas se conecten. Las empresas pueden desempeñar un papel fundamental a la hora de ayudar a los gobiernos a proporcionar a las comunidades desatendidas acceso a Internet y abrir mercados sin explorar para el talento y el comercio. 

Por el contrario, existe el asunto más ominoso de que los gobiernos cierren Internet a aquellos que de otro modo tendrían acceso a fin de restringir sus derechos a la libertad de información, expresión o reunión en línea o en las calles. Las empresas de TIC se enfrentan al dilema de estar obligadas legalmente a cumplir con tales requerimientos por parte de un gobierno, y algunos gobiernos están avanzando en la reforma de las leyes de ciberseguridad para imponer más restricciones a dichas libertades. La Iniciativa de Red Global (GNI), una iniciativa de múltiples partes interesadas de empresas de TIC, grupos de la sociedad civil, inversores y expertos académicos, aplica normas para proteger la libertad de expresión y el derecho a la privacidad ante las peticiones de datos de los usuarios formuladas por los gobiernos. La GNI y otros líderes empresariales han condenado abiertamente estos cierres, restricciones y reformas. Este enfoque conduce a otro tema clave en el marco de la Meta 16.10 que las empresas pueden aplicar con respecto a la protección de las libertades fundamentales. 

Protección de la intimidad y otras libertades fundamentales (incluido el espacio cívico) 

Además del sector de las TIC, las empresas de muchos sectores tienen ahora cada vez más información personal sensible, incluidos determinados datos demográficos, hábitos de consumo, convicciones políticas, datos relativos a la salud, la orientación sexual y muchos otros atributos personales. Cada vez se espera más de las empresas que adopten medidas para proteger el derecho fundamental a la privacidad (y al olvido) de sus clientes, empleados/as y comunidades, y en algunas jurisdicciones (como la Unión Europea) tienen la obligación de hacerlo.

Teniendo en cuenta los acontecimientos de los últimos años y de 2020 en particular, las empresas reconocen cada vez más la importancia del espacio cívico como condición previa para la prosperidad de los mercados y las sociedades. Como se ha señalado, existen normas de múltiples partes interesadas como la GNI, Ranking Digital Rights («RDR») y marcos de toma de decisiones operativas como el informe Shared Space Under Pressure: Business Support for Civic Freedoms and Human Rights Defenders (Espacio compartido bajo presión: apoyo empresarial a los defensores de las libertades cívicas y los derechos humanos) para ayudar a las empresas a comprender qué papel pueden desempeñar para respetar y apoyar una gobernanza responsable, el estado de derecho y las libertades cívicas, y en última instancia contribuir a la consecución de la Meta 16.10. 

Actividades internas Supervisión del consejo/la dirección, cultura, estrategias, políticas, operaciones y relaciones

Cultura y supervisión del consejo/la dirección

Establecer una sólida cultura de liderazgo ético que promueva la protección del espacio cívico y anime a todos/as los/as empleados/as y partes interesadas a ejercer sus derechos y libertades fundamentales. Este compromiso debe aplicarse en todos los niveles de la organización y a todo el personal en diferentes jurisdicciones. 

Educación y políticas

Desarrollo de políticas e impartición de formación para todos/as los/as empleados/as y proveedores que creen concienciación, adhesión y respeto en relación con el acceso a la información y la protección de las libertades fundamentales, incluidas las leyes locales y las normas internacionales pertinentes. Y, por otra parte, desarrollar, aplicar y supervisar políticas (por ejemplo, redes sociales) con el fin de abordar los delitos de odio y los discursos de odio. Si en una jurisdicción determinada las leyes no son estrictas, se anima a las empresas a aplicar el estándar más alto siempre que sea posible. 

Mecanismo de reclamación

Desarrollar, implementar, supervisar y utilizar adecuadamente mecanismos internos de reclamación a través de los cuales los/as empleados/as y las partes externas puedan comunicar inquietudes sobre cualquier conducta empresarial adversa. Este esfuerzo debe incluir el acceso a una reparación eficaz para las partes perjudicadas. 

Grupos de presión responsables

Evitar adoptar medidas que sirvan para socavar el acceso a la libertad de información y las libertades fundamentales, incluida la presión ejercida sobre los gobiernos para que estos desarrollen leyes y reglamentos que favorezcan a las empresas pero perjudiquen el medioambiente, los derechos humanos o la transparencia.

Actividades internas

Supervisión del consejo/la dirección, cultura, estrategias, políticas, operaciones y relaciones

flip_to_front
Actividades externas Instituciones, leyes y sistemas de ámbito internacional, nacional y municipal

Defensa

Liderar, promover y apoyar los esfuerzos de defensa que exigen el desarrollo o la observancia de marcos jurídicos que sirvan para proteger y respetar las libertades cívicas y promover el acceso a la libertad de información. Apoyar las libertades cívicas y a los defensores de los derechos humanos amenazados de acuerdo con el marco normativo establecido en Shared Space Under Pressure: Business Support for Civic Freedoms and Human Rights Defenders  (Espacio compartido bajo presión: apoyo empresarial a los defensores de las libertades cívicas y los derechos humanos) (en consonancia con los Principios Rectores de las Naciones Unidas).

Creación de capacidades

Aportar conocimientos especializados en desarrollo de las capacidades y la infraestructura necesarias de los gobiernos locales y nacionales para proporcionar acceso a Internet. Véase A4IA. Apoyar el desarrollo de capacidades para que las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos desempeñen su trabajo vital.

Acción colectiva y asociaciones

Trabajar con las Redes Locales del Pacto Mundial, las asociaciones empresariales, las organizaciones de la sociedad civil y, en su caso, la embajada del país de origen, para promover y proteger la participación cívica y el acceso a la información en una jurisdicción determinada. Véanse cuestiones de cuestiones de derechos digitales relacionadas con la expresión, la privacidad y situaciones de emergencia relacionadas con el cierre de la red en la Red Empresarial de Defensores de las Libertades Civiles y los Derechos Humanos y GNI.

Actividades externas

Instituciones, leyes y sistemas de ámbito internacional, nacional y municipal

flip_to_front
  • Red Empresarial de Defensores de las Libertades Civiles y los Derechos Humanos 

    La Red Empresarial de Defensores de las Libertades Civiles y los Derechos Humanos es una red informal de empresas convocada y facilitada por el Centro de Recursos sobre Empresas y Derechos Humanos, The B Team y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR). La Red Empresarial emitió una declaración pública el Día de los Derechos Humanos 2018, en la que pedía la protección de las libertades cívicas y el respeto del estado de derecho, señalando que ambos son de vital importancia para la sociedad civil y las empresas. La declaración contó con el apoyo de AngloAmerican, ADIDAS, Unilever, ABN AMRO y la Alianza de Inversores por los Derechos Humanos. La Red Empresarial también gestiona el Portal de Defensores de las Libertades Cívicas, los Derechos Humanos y las Empresas, que ofrece a las empresas documentos que detallan normas internacionales, ideas para la acción, casos prácticos y herramientas y recursos. (Fuente)

  • Respuesta de las empresas al golpe militar en Myanmar

    Tras la respuesta de las Naciones Unidas al golpe militar en Myanmar, se instó a la comunidad empresarial a manifestarse en contra del ataque a los procesos democráticos y las violaciones de los derechos humanos, incluidos los esfuerzos por limitar el acceso a Internet, así como por restringir la libertad de reunión y expresión y el asesinato de manifestantes. Las empresas emitieron declaraciones en las que expresaron su preocupación por estas acciones. (Fuente)

  • Respuesta de las empresas al asesinato de Jamal Khashoggi

    Tras el brutal asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado de la Arabia Saudita en Estambul, muchos empresarios declinaron asistir a la Iniciativa de Inversión Futura anual, conocida como «Davos en el desierto», ante las serias dudas sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Khashoggi. (Fuente)

  • Respuesta de las empresas a los disturbios en el Capitolio de los Estados Unidos

    En las horas y días posteriores a la insurrección en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021, consejeros delegados de toda la comunidad empresarial emitieron declaraciones condenando la violencia y defendiendo la gobernanza democrática y el estado de derecho en los Estados Unidos. Además de estas declaraciones y de las graves preocupaciones expresadas por las Naciones Unidas y otros, muchas empresas anunciaron cambios en sus políticas de contribuciones políticas, y algunas empresas se negaron a hacer contribuciones a candidatos concretos que se oponían a la certificación del Presidente electo, mientras que otras interrumpieron todas las contribuciones políticas. La conmoción por los acontecimientos en el Capitolio —y la amenaza planteada a la democracia estadounidense— provocó una respuesta sin precedentes de la comunidad empresarial en defensa de las instituciones y los procesos democráticos que se extendió en abril para apoyar el pleno acceso e inclusión de los votantes a nivel estatal. (Fuente)

  • Apoyo de las empresas a #BlackLivesMatter

    Tras el asesinato de George Floyd en Minneapolis el 25 de mayo de 2020, los consejeros delegados y otros líderes empresariales estadounidenses emitieron declaraciones condenando el asesinato, la violencia contra la comunidad afroamericana y la brutalidad policial. También se comprometieron a abordar las desigualdades sistémicas en sus propias operaciones y en las comunidades en las que operan y a las que prestan servicio. (Fuente)

  • Las empresas colaboran para combatir la desinformación 

    La red social Twitter colaborará con dos de los mayores proveedores internacionales de noticias, Reuters y Associated Press (AP), para desmentir la desinformación en su sitio web de mensajería. Las agencias de noticias ayudarán a Twitter a ofrecer más contexto e información de fondo sobre hechos con un alto volumen de tuits, con la esperanza de garantizar que la información exacta y creíble esté disponible rápidamente cuando se discutan hechos. El material de Reuters y AP serviría para mejorar la credibilidad de la información en la plataforma cuando el equipo de Caracterización de Contenidos de Twitter «no tiene la experiencia específica o el acceso a un volumen suficiente de informes acreditados». (Fuente)

Como ocurre con el estado de derecho, el acceso a la información y la protección de las libertades fundamentales son intrínsecamente relevantes para todos los sectores y esenciales para un entorno empresarial y de inversión rentable y sostenible. Cuando esos elementos del espacio cívico compartido se ven sometidos a presiones o ataques, los riesgos económicos y políticos se intensifican y reducen la capacidad de una empresa para operar, innovar y expandirse.

Al igual que ocurre con el estado de derecho, el acceso a la información y la protección de las libertades fundamentales son inherentemente relevantes para todos los aspectos de los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible.