Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales

Al igual que otras metas del ODS 16, en la Meta 16.10 existen varios temas que son significativos, tanto de manera colectiva como independiente. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), junto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), son responsables de los temas incluidos en la Meta 16.10. Estos temas se sustentan en los principales instrumentos de las Naciones Unidas, incluida la Carta Internacional de Derechos, que comprende la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR). La Meta 16.10 tiene un impacto significativo en todas las empresas y en las comunidades en las que tienen un interés u operan. Sin duda, estos instrumentos son fundamentales para los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y, como tales, fundamentan la responsabilidad de las empresas de respetar y apoyar los derechos humanos y las libertades fundamentales y, de hecho, el enfoque general del ODS 16 en la paz, la justicia y unas instituciones sólidas y esta meta en particular.

Una dimensión clave de la buena gobernanza es la capacidad de la población de acceder libremente a información en la que fundamentar sus decisiones personales y tomar decisiones políticas, entre otras cosas. Según la UNESCO, hasta 127 países han adoptado leyes de acceso a la información en 2020, frente a tan solo 14 países en 1990, lo que refleja su creciente importancia a escala mundial. El derecho a la información mantenido por las autoridades públicas y reflejado en la legislación pertinente es un componente fundamental de la libertad de expresión y de la rendición de cuentas y la transparencia por parte de la Administración. De conformidad con las Metas 16.4, 16.5 y 16.6, esta meta requiere una mayor transparencia en la corriente de información al público en general con respecto a aspectos como hacer pública la contratación pública; la titularidad real final de estructuras corporativas complejas; y la cantidad y la calidad de la información que se publica en interés público. Y si algo hemos aprendido de escándalos como la Operación Lavado de Autos, los Papeles de Panamá y la desinformación derivada de la pandemia de COVID-19 es que la difusión de información exacta y oportuna no solo protege al público, sino que también genera confianza en las instituciones públicas y privadas.

La protección de las libertades fundamentales es un principio básico de la Carta Internacional de Derechos y, por extensión, de los Principios Rectores de las Naciones Unidos en lo que atañe a las empresas. Aunque las libertades fundamentales pueden interpretarse de manera diferente en diversos contextos y países, las Naciones Unidas se basa por lo general en la Carta Internacional de Derechos para definir su alcance, que se ha inspirado en gran medida en «Las cuatro libertades»: libertad de expresión, libertad de culto, libertad para vivir sin miseria y libertad para vivir sin temor. Las Cuatro Libertades fueron proclamadas con la creación de las Naciones Unidas hace 75 años y son tan ciertas hoy como siempre. 

Las libertades fundamentales comprenden y dependen de la capacidad de una persona para expresarse (individual o colectivamente) en respuesta a cuestiones económicas, sociales, medioambientales o políticas. Como se señala en la introducción a este Marco, el espacio cívico se enfrenta a una presión cada vez mayor. Basta leer los titulares para ver que se ha producido un aumento de la agitación civil y la desinformación y un retroceso del estado de derecho y de la confianza pública en las instituciones. 

Todos estos acontecimientos han dado lugar a una notable represión de la libertad de reunión y de expresión en línea mediante el cierre de Internet y en las calles mediante una fuerza excesiva, registrándose un aumento de los ataques y asesinatos de activistas y periodistas que dedican sus vidas a arrojar luz sobre cuestiones importantes en los países desarrollados y en desarrollo. La situación se ha exacerbado aún más por la pandemia de COVID-19, y algunos gobiernos han impuesto restricciones excesivas a las libertades fundamentales bajo el disfraz de la salud y la seguridad públicas. 

Las empresas tienen un interés particular en los tipos de cuestiones por las que se realizan estos sacrificios, actuando los activistas y periodistas como «el canario en la mina de carbón» y exponiendo los riesgos civiles, económicos y políticos que limitan la capacidad de una empresa para operar en una sociedad libre, abierta y segura. Estas cuestiones incluyen, a título meramente ilustrativo, el soborno y la corrupción y otras formas de delincuencia organizada (Metas 16.4 y 16.5); la desigualdad de género (ODS 5); los derechos indígenas y la desigualdad racial y social (ODS 10); los derechos del niño y los derechos laborales (ODS 8 y Meta 16.2); la justicia climática y la protección del medioambiente (ODS 13); y la protección de los procesos democráticos, incluida la libertad de prensa (o «el cuarto patrimonio»), el derecho de reunión y el derecho de voto. Todos estos esfuerzos tratan de proteger el estado de derecho y el acceso a la justicia para todos (Meta 16.3) y garantizar que a todos nos gobiernen instituciones eficaces, inclusivas, participativas, receptivas y transparentes que respondan a las necesidades en todos los niveles, incluidos los públicos y privados (Metas 16.6 y 16.7). 

La comunidad empresarial reconoce cada vez más el valor del espacio cívico en la defensa de las libertades fundamentales y el fortalecimiento de un entorno propicio. Sin duda, los gobiernos, la sociedad civil y las empresas tienen interés en garantizar que todos tengan la oportunidad de participar, promover y proteger no solo esas libertades fundamentales, sino también el estado de derecho y una gobernanza sujeta a la rendición de cuentas, así como la paz, la justicia e instituciones sólidas de las que dependen. Esta convergencia de intereses se subraya en el informe de la ACNUDH Civil Society Space: Engagement with International and Regional Organizations (Espacio de la sociedad civil: compromiso con organizaciones internacionales y regionales), que se centra en los papeles desempeñados por las diferentes organizaciones para apoyar el espacio de la sociedad civil. La responsabilidad normativa de actuar en determinadas circunstancias (de conformidad con los Principios Rectores de las Naciones Unidas) y la oportunidad discrecional de actuar en otras situaciones fundamentadas en la argumentación económica se establecen en la orientación Shared Space Under Pressure:Business Support for Civic Freedoms and Human Rights Defenders (Espacio compartido bajo presión: apoyo empresarial a los defensores de las libertades cívicas y los derechos humanos).

El papel de las empresas en la consecución de la Meta 16.10, especialmente en este momento, es crucial por una serie de razones que van desde el acceso a la información y a Internet hasta la protección de la intimidad y otras libertades fundamentales. 

El meteórico auge de las redes sociales y el continuo declive de los medios tradicionales han dado lugar a una nueva era de desinformación e incitación al odio (y han alimentado los delitos de odio y otras formas de extremismo violento). Con la proliferación de las fuentes públicas de información, el sector de la tecnología, la información y las comunicaciones (TIC) actúa como guardián fundamental y, como tal, asume una responsabilidad especial para garantizar que esta información sea accesible, exacta, imparcial, responsable y oportuna. Curiosamente, el Informe especial del barómetro de confianza de Edelman sobre la COVID-19 puso de relieve que tras la reciente crisis, muchas personas están recurriendo a una gama más amplia de empresas, incluidos sus empleadores o proveedores de servicios, para obtener información y soluciones fiables que afectan a sus vidas y medios de subsistencia. 

Otra dimensión importante digna de consideración por las empresas es el acceso equitativo a Internet. Según el Informe sobre asequibilidad 2020  de la Alianza para una Internet Asequible (A4AI), miles de millones de personas de todo el mundo siguen sin estar conectados debido al coste de conexión y otros impedimentos de acceso. La A4AI pide a los gobiernos que desarrollen planes nacionales eficaces de banda ancha para hacer más asequible el acceso a Internet y permitir que más personas se conecten. Las empresas pueden desempeñar un papel fundamental a la hora de ayudar a los gobiernos a proporcionar a las comunidades desatendidas acceso a Internet y abrir mercados sin explorar para el talento y el comercio. 

Por el contrario, existe el asunto más ominoso de que los gobiernos cierren Internet a aquellos que de otro modo tendrían acceso a fin de restringir sus derechos a la libertad de información, expresión o reunión en línea o en las calles. Las empresas de TIC se enfrentan al dilema de estar obligadas legalmente a cumplir con tales requerimientos por parte de un gobierno, y algunos gobiernos están avanzando en la reforma de las leyes de ciberseguridad para imponer más restricciones a dichas libertades. La Iniciativa de Red Global (GNI), una iniciativa de múltiples partes interesadas de empresas de TIC, grupos de la sociedad civil, inversores y expertos académicos, aplica normas para proteger la libertad de expresión y el derecho a la privacidad ante las peticiones de datos de los usuarios formuladas por los gobiernos. La GNI y otros líderes empresariales han condenado abiertamente estos cierres, restricciones y reformas. Este enfoque conduce a otro tema clave en el marco de la Meta 16.10 que las empresas pueden aplicar con respecto a la protección de las libertades fundamentales. 

Además del sector de las TIC, las empresas de muchos sectores tienen ahora cada vez más información personal sensible, incluidos determinados datos demográficos, hábitos de consumo, convicciones políticas, datos relativos a la salud, la orientación sexual y muchos otros atributos personales. Cada vez se espera más de las empresas que adopten medidas para proteger el derecho fundamental a la privacidad (y al olvido) de sus clientes, empleados/as y comunidades, y en algunas jurisdicciones (como la Unión Europea) tienen la obligación de hacerlo.

Teniendo en cuenta los acontecimientos de los últimos años y de 2020 en particular, las empresas reconocen cada vez más la importancia del espacio cívico como condición previa para la prosperidad de los mercados y las sociedades. Como se ha señalado, existen normas de múltiples partes interesadas como la GNI, Ranking Digital Rights («RDR») y marcos de toma de decisiones operativas como el informe Shared Space Under Pressure: Business Support for Civic Freedoms and Human Rights Defenders (Espacio compartido bajo presión: apoyo empresarial a los defensores de las libertades cívicas y los derechos humanos) para ayudar a las empresas a comprender qué papel pueden desempeñar para respetar y apoyar una gobernanza responsable, el estado de derecho y las libertades cívicas, y en última instancia contribuir a la consecución de la Meta 16.10. 

Como ocurre con el estado de derecho, el acceso a la información y la protección de las libertades fundamentales son intrínsecamente relevantes para todos los sectores y esenciales para un entorno empresarial y de inversión rentable y sostenible. Cuando esos elementos del espacio cívico compartido se ven sometidos a presiones o ataques, los riesgos económicos y políticos se intensifican y reducen la capacidad de una empresa para operar, innovar y expandirse.

Al igual que ocurre con el estado de derecho, el acceso a la información y la protección de las libertades fundamentales son inherentemente relevantes para todos los aspectos de los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible.