De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada

Hay muchos temas en la Meta 16.4 que son sustanciales y sustantivos en sí mismos. Aunque no parezca claro a primera vista, estos temas también tienen un impacto significativo en las operaciones y relaciones de una empresa en diversos sectores y, en algunos casos, afectan a todos los sectores de la comunidad empresarial. Y aunque esta meta es relevante para una serie de metas adicionales en todos los ODS, está inextricablemente relacionada con la Meta 16.5 de «reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas», la Meta 16.2 para «poner fin al maltrato, la explotación, la trata... contra los niños» y la Meta 16.1 de «reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo».

Según el análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI) en The IMF and the Fight Against Illicit Financial Flows (El FMI y la lucha contra las corrientes financieras ilícitas), las corrientes financieras ilícitas se definen como «el movimiento de dinero a través de las fronteras que es ilegal en su origen, transferencia o uso». Estas corrientes pasan por el soborno y la corrupción, el blanqueo de capitales, la evasión fiscal y la financiación del terrorismo u otras formas de delincuencia organizada, como el tráfico de armas ilegales, el comercio sexual y el tráfico de drogas, la trata de personas y el tráfico de especies silvestres (ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres). Global Financial Integrity calcula que las corrientes financieras ilícitas representan aproximadamente 1 billón de dólares en ingresos robados en todo el mundo cada año. Esto es particularmente perjudicial para las poblaciones desfavorecidas y vulnerables, ya que socava los esfuerzos para que un país determinado invierta en servicios públicos esenciales, desarrollo económico y social y los ODS en términos más generales. También socava el acceso a la justicia y al estado de derecho (Meta 16.3), la confianza en las instituciones públicas y privadas (Meta 16.6) y la estabilidad política (Meta16.7). 

En 2021, el Panel de Alto Nivel sobre la Responsabilidad, la Transparencia y la Integridad Financieras Internacionales (FACTI) de las Naciones Unidas publicó su Informe sobre Integridad Financiera para el Desarrollo Sostenible, que ofrece conclusiones exhaustivas y una lista de recomendaciones para abordar, entre otros, los retos antes mencionados. En esencia, en el informe se dice que «las deficiencias del actual mosaico de estructuras exigen un enfoque ecosistémico total que les permitan adaptarse a unos riesgos en constante evolución. Este enfoque debe estar guiado por un objetivo unificado: fomentar un sistema de “integridad financiera para el desarrollo sostenible”. Para ellos se precisarán tres tipos de acciones: reforzar los valores necesarios para la integridad, fortalecer los marcos de políticas y rediseñar las instituciones». Aunque esta recomendación atañe principalmente a las instituciones y los funcionarios, como se señala en Financial Times Moral Money, también es relevante para las empresas y quienes las asesoran. Su objetivo debe ser restablecer la integridad y la confianza evitando la participación en beneficios corporativos, estructuras societarias opacas y planes de elusión fiscal. 

De hecho, las empresas pueden situarse en el centro de tales actividades de diversas maneras, ya sea como beneficiarias directas o como «guardianes profesionales» (véase el ejemplo siguiente). Por ejemplo, si bien la evasión fiscal es ilegal, las empresas a menudo buscarán formas de reducir sus obligaciones fiscales mediante planes de evasión fiscal agresivos y estructuras corporativas complejas que sean legales. Estas prácticas han sido objeto de un creciente escrutinio en los últimos años con peticiones de las empresas responsables y la sociedad civil para la transparencia de la titularidad real  y la adopción de principios fiscales responsables. Por otra parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), junto con más de 135 países, ha desarrollado el marco contra la erosión de la base imponible y el reparto de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), con el que se pretende poner fin a las estrategias de evasión fiscal que aprovechan las lagunas y desajustes en las normas fiscales para evitar el pago de impuestos. En este contexto, entre otros, se anima encarecidamente a las empresas y a sus asesores jurídicos (internos o de despachos externos) a considerar la cuestión: aunque exista el derecho legal a hacer algo, ¿es lo correcto?

Los escándalos mundiales como los Papeles de Panamá y los Papeles del Paraíso han puesto de relieve recientemente el hecho de que determinadas profesiones actúan de manera involuntaria o abiertamente como «guardianes profesionales». El término se refiere a los sectores y profesiones que pueden ayudar a empresas, funcionarios/as y otras personas (a menudo destacadas) a facilitar las corrientes financieras y la transferencia de activos obtenidos ilegalmente o a evitar o eludir impuestos de otro modo. Estos sectores y profesiones incluyen contables en plantilla y empresas de contabilidad; marchantes de arte y antigüedades; servicios bancarios y financieros; despachos de abogados y departamentos jurídicos internos; notarios y agentes inmobiliarios; y otras empresas de servicios profesionales y de administración. 

El Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) han aunado fuerzas para establecer la Iniciativa de Recuperación de Activos Robados (SStAR) con el fin de apoyar los esfuerzos internacionales encaminados a poner fin a los refugios seguros, prevenir el blanqueo de dinero y recuperar los activos robados. En particular, organizaciones como Transparencia Internacional y el Foro Económico Mundial están concienciando a los guardianes profesionales y están colaborando con ellos para formar parte de la solución.

El término «delincuencia organizada» puede no considerarse directamente relevante para las empresas; sin embargo, tras un análisis adicional, este aspecto de esta meta es muy relevante para las operaciones y las cadenas de suministro de una empresa. Esta relación es especialmente cierta con respecto a la trata de personas en muchos sectores y, en menor medida, a los flujos de armas, el comercio de drogas y sexo y el tráfico de especies silvestres, ya que está relacionado con sectores específicos como la defensa y la seguridad, los puertos y el transporte marítimo y otros modos de transporte. La delincuencia organizada puede incluir también la ciberdelincuencia, la falsificación y el contrabando y la apropiación indebida de activos, todo lo cual tienen un impacto financiero en el sector privado.

La lacra y el alcance de la delincuencia organizada son perniciosos y persistentes, y casi nunca se detectan a simple vista. Por este motivo, las empresas deben asegurarse de llevar a cabo la necesaria diligencia debida en materia medioambiental y de derechos humanos y de aplicar otras medidas de mitigación del riesgo para garantizar que no están directamente relacionadas ni son cómplices de dichas actividades. 

La comunidad empresarial se beneficia enormemente de unas políticas fiscales y comerciales equitativas y transparentes, así como de unos entornos reguladores coherentes e integradores en términos más generales. Las empresas y los guardianes profesionales pueden y deben desempeñar un papel fundamental en la subversión de las corrientes financieras ilícitas y la transferencia ilícita de activos, así como en la lucha contra todas las formas de delincuencia organizada. Este enfoque incluye el establecimiento de normas voluntarias en determinadas profesiones/sectores; la aplicación de políticas y prácticas sólidas contra la corrupción y de diligencia debida en materia de derechos humanos; y la colaboración con las autoridades policiales pertinentes en la prevención y la reparación de estas actividades ilícitas e ilegales.  

Asimismo, se anima a las empresas a apoyar a los gobiernos en el desarrollo y mantenimiento de entornos empresariales responsables. Las empresas pueden contribuir a generar confianza centrándose en el cumplimiento ético y la conducta, especialmente en jurisdicciones donde las instituciones de gobierno son débiles. Pueden ser más transparentes en sus prácticas y pagar la parte de impuestos que les corresponde. En particular, The B-Team publicó A New Bar for Responsible Tax: The B-Team Tax Principles, principios que se desarrollaron mediante el diálogo con un grupo de empresas líderes con contribuciones de la sociedad civil, inversores institucionales y representantes de instituciones internacionales. Con estos principios se pretende definir los principios y un enfoque de la fiscalidad que las empresas pueden respaldar para demostrar su responsabilidad y desempeñar el papel que les corresponde en la creación de una sociedad estable, segura y sostenible. Por otra parte, los Principios para la Inversión Responsable respaldados por las Naciones Unidas publicaron Evaluating and Engaging on Corporate Tax Transparency: An Investor Guide, que sirve como herramienta para inversores/as basada en las tendencias y lagunas clave observadas en el estado actual de las prácticas de divulgación del impuesto de sociedades.

• Cabe suponer que existe una responsabilidad especial atribuida a los «guardianes profesionales», dada la exposición y proximidad a tales actividades ilícitas e ilegales. Estos guardianes incluyen sectores y profesiones como contables en plantilla y empresas de contabilidad; marchantes de arte y antigüedades; servicios bancarios y financieros; despachos de abogados y departamentos jurídicos internos; notarios y agentes inmobiliarios; y otras empresas de servicios profesionales y de administración.
• Este objetivo es también muy relevante en una serie de sectores que pueden verse directa o indirectamente afectados o implicados en la facilitación de corrientes financieras ilícitas, trata de personas y otras formas de delincuencia organizada, ya sea a través de sus propias operaciones o relaciones con clientes o proveedores.  

Inspirado por los Diez Principios y los Principios Rectores de las Naciones Unidas

Rendición de cuentas, integridad y transparencia, diligencia debida en materia de derechos humanos obligatoria, trata de personas/formas contemporáneas de esclavitud, violencia de género, trabajo infantil, explotación de migrantes y personas indocumentadas y protección del medioambiente, incluida la biodiversidad y la vida silvestre.

Inspirado en la Hoja de Ruta ODS16+ de Pathfinders