Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos
¿Qué significa la Meta 16.3 para las empresas?
Aunque no existe una definición universalmente aceptada de estado de derecho, puede caracterizarse por ofrecer leyes claras, justas y predecibles que todos deben respetar y porque dichas leyes se aplican de manera imparcial, independiente y coherente con las normas y los estándares internacionales de derechos humanos. Por extensión, esta definición incluye la manera en que las empresas respetan y apoyan el estado de derecho, incluso mediante la realización de evaluaciones de riesgo geopolítico (incluida la libertad política) y de derechos humanos y la diligencia debida coherentes con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Este enfoque permite a las empresas evaluar si existe un entorno propicio positivo cuando tienen un interés directo o indirecto.
El acceso a la justicia es un principio fundamental del estado de derecho, en virtud del cual todas las personas conocen sus derechos y responsabilidades y pueden recurrir a la vía judicial o interponer recurso en caso necesario. Sin embargo, dado que más de 5000 millones de personas tienen necesidades de justicia no satisfechas y 1100 millones de personas en el mundo carecen de una identidad jurídica y de los recursos necesarios para acceder al sistema jurídico, está claro que queda un largo camino por recorrer para alcanzar esta meta. Las empresas también están interesadas en el acceso a la justicia para todos como indicador de un estado de derecho sólido, así como de la equidad social y la inclusión.
Sin duda, el acceso a la justicia y el estado de derecho proporcionan seguridad comercial y estabilidad social y son, por tanto, la base para la inversión responsable y el desarrollo sostenible. Las ventajas de un estado de derecho sólido para las empresas incluyen las siguientes:
- Mayor seguridad de activos, empleados/as e inversiones
- Menor riesgo de inestabilidad política, interrupción del negocio o soborno y corrupción
- Aplicación clara, imparcial y oportuna de los derechos de propiedad intelectual y comerciales protegidos
- Mercados y sociedades fortalecidos que promueven la dignidad, la inclusividad y la prosperidad
Medición del acceso a la justicia y la eficacia del estado de derecho
Existen numerosos índices e informes que miden el acceso a la justicia y la eficacia del estado de derecho en diversas jurisdicciones de todo el mundo, incluido el Índice de Paz Global del Instituto para la Economía y la Paz (IEP) (agregado en el concepto «Buen funcionamiento del gobierno»); el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional; Doing Business 2020 del Banco Mundial; Mujer, Empresa y el Derecho 2021 del Banco Mundial; Índice del Estado de Derecho 2020 del Proyecto Mundial de Justicia; y muchos otros.
Aunque cabe esperar que la fortaleza del estado de derecho varíe en los diferentes sistemas políticos y ciclos económicos, en los últimos años se ha producido un retroceso significativo en varias jurisdicciones, incluso en lugares donde el estado de derecho se ha dado por sentado desde hace mucho tiempo. Esto incluye un aumento del autoritarismo/populismo y una disminución del acceso a la información, la libertad de reunión y de expresión. La pandemia mundial ha intensificado esta tendencia, en particular por lo que respecta a los derechos civiles y políticos y los derechos de las mujeres y las niñas.
Algunas observaciones destacables incluyen las siguientes:
- Hay más países que están experimentando un declive en el funcionamiento del estado de derecho a lo largo de tres años consecutivos (Índice 2020 del Estado de Derecho del Proyecto Mundial de Justicia)
- Las medidas de libertad mundial han disminuido durante 14 años consecutivos (Freedom House, Freedom in the World: Democracy in Retreat (La libertad en el mundo: democracia en retroceso), 2019)
Según la media mundial, las mujeres siguen teniendo solo el 76% de los derechos legales concedidos a los hombres (Banco Mundial, Mujer, Empresa y el Derecho, 2021)
El impacto de un estado de derecho débil (o debilitado) sobre las empresas y la sociedad no solo es desconcertante y perturbador, sino que también alimenta la incertidumbre y la inestabilidad. Esto plantea nuevos retos para las empresas, no solo en términos de inversiones, operaciones y relaciones, sino también en términos de mayores expectativas por parte de clientes, empleados/as e inversores/as de que las empresas adopten una postura sobre cuestiones políticas y socialmente sensibles.
Por otra parte, las empresas buscan una mayor coherencia en los países o jurisdicciones en los que invierten, operan o tienen algún otro tipo de interés, especialmente por lo que respecta a las instituciones, las leyes y los sistemas. En este sentido, las empresas recurren cada vez más a organizaciones intergubernamentales para establecer marcos, normas o estándares coherentes en un amplio espectro de cuestiones económicas, sociales, ambientales y de gobernanza mediante una mayor cooperación internacional, un multiculturalismo integrador y valores universales.
¿Cómo deben aplicar las empresas la Meta 16.3?
El Marco Empresarial para el Estado de Derecho fue desarrollado por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y se propone desmitificar el estado de derecho y hacer hincapié en su importancia para que prosperen los mercados y las sociedades. Destaca los aspectos del estado de derecho que más influyen en las empresas, como el acceso a la justicia, la rendición de cuentas y la transparencia, la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley y el respeto de los derechos humanos. También muestra que el estado de derecho no es un concepto lineal, sino que comprende elementos procesales y sustantivos. Los aspectos sustantivos establecen los derechos y las responsabilidades por los que nos regimos como sociedad (incluidas las empresas como entidades jurídicas independientes) y los aspectos procesales establecen la forma en que se promulgan, adjudican y ejecutan estas leyes. Esta distinción es importante para reflejar hasta qué punto el Estado de Derecho es fundamental en relación con el modo en que los gobiernos, las empresas y las sociedades se comportan y funcionan de manera independiente y colectiva.
El respeto y el apoyo del estado de derecho por parte de las empresas pueden demostrarse de diversas maneras. Las empresas deben respetar el estado de derecho en los países en los que operan y se las anima a aplicar normas más estrictas/internacionales siempre que sea posible. En los últimos años, hemos observado que un mayor número de empresas han demostrado su apoyo al estado de derecho, entre otras cosas expresándose sobre cuestiones de procedimiento (por ejemplo, la defensa de unas elecciones libres y justas y la separación de poderes) y cuestiones sustantivas (por ejemplo, la defensa de las libertades fundamentales y la igualdad de género, racial y social). Además, se las anima a actuar como parte responsable en la resolución alternativa de conflictos o en procedimientos judiciales y a no participar en pleitos estratégicos contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés). Lamentablemente, un reciente informe del Centro de Recursos sobre Empresas y Derechos Humanos pone de relieve cómo las empresas han utilizado pleitos estratégicos contra la participación pública para intimidar y silenciar a los defensores de los derechos humanos y otros activistas. Una vez dicho esto, las empresas reconocen cada vez más la reciprocidad que existe entre la protección del estado de derecho y el acceso a la justicia para todos y el impacto que esto tiene en su propia licencia social para operar y en sus clientes, empleados/as y comunidades.
Algunas formas en las que las empresas pueden tomar medidas
Cultura y supervisión del consejo/la dirección
Garantizar el cumplimiento de los principios de buena gobernanza en todos los niveles de la organización, incluida la supervisión del consejo y la dirección, y en todo el personal con sede en países/jurisdicciones al margen del lugar en el que se encuentre la sede corporativa.
Concienciación, educación y formación
Desarrollar y facilitar una formación que cree conciencia y respeto del estado de derecho, incluidas las leyes locales y las normas internacionales. Si el estado de derecho es débil en una jurisdicción determinada, se anima a las empresas a aplicar el nivel más alto siempre que sea posible.
Políticas y procesos
Desarrollar y aplicar marcos de gobernanza eficaces, responsables y transparentes (Meta 16.6), incluidos programas de ética y cumplimiento, guiados por procesos de toma de decisiones, participativos, inclusivos y representativos que respondan a las necesidades en todos los niveles (Meta 16.7) y aplicados en todas las funciones y partes interesadas.
Mecanismos de reclamación, incluido el acceso a la justicia y la reparación extrajudicial
Desarrollar, implementar, supervisar y utilizar adecuadamente mecanismos internos de reclamación a través de los cuales los/as empleados/as y las partes externas puedan comunicar inquietudes sobre cualquier conducta empresarial adversa. Estos mecanismos deben incluir el acceso a una reparación eficaz para las partes perjudicadas. El acceso a la reparación subraya la importancia de someter los principios de justicia organizativa y proceso debido a mecanismos de reclamación internos, incluidos los relativos a las investigaciones internas y los procedimientos disciplinarios.
Grupos de presión responsables
Evitar tomar medidas que socaven el estado de derecho y la gobernanza responsable. Las empresas no deben presionar a los gobiernos para que adopten leyes y reglamentos que parecen aportar beneficios comerciales pero que obstaculizan el medioambiente, los derechos humanos o la transparencia. Las empresas deben negarse a pagar sobornos a funcionarios del gobierno por contratos públicos o a no aplicar leyes que les afecten negativamente.
Supervisión del consejo/la dirección, cultura, estrategias, políticas, operaciones y relaciones
Promoción
Dirigir, promover y apoyar los esfuerzos de defensa que exigen el desarrollo o la observancia de marcos jurídicos que protejan y respeten el estado de derecho. Estos esfuerzos pueden incluir el apoyo a una regulación que promueva prácticas empresariales y de inversión limpias y responsables, prácticas laborales justas y respeto de los derechos humanos y la protección del medioambiente.
Creación de capacidades
Aportar conocimientos especializados en el desarrollo de la capacidad de los gobiernos locales y nacionales para administrar el estado de derecho y mejorar el acceso a la justicia. Estas contribuciones pueden incluir la colaboración con colegios de abogados locales u organizaciones de la sociedad civil para ofrecer formación judicial a los órganos jurisdiccionales locales sobre la importancia de la imparcialidad y la independencia; la construcción de la infraestructura necesaria para la administración eficaz de la justicia; y el apoyo a la elaboración de una legislación muy necesaria.
Acción colectiva
Trabajar con las Redes Locales del Pacto Mundial, las asociaciones empresariales, las organizaciones de la sociedad civil y, en su caso, la embajada del país de origen para apoyar el fortalecimiento del estado de derecho en una jurisdicción determinada. Estos esfuerzos pueden incluir apoyar el derecho de reunión pacífica u oponerse a la discriminación contra un grupo marginado.
Instituciones, leyes y sistemas de ámbito internacional, nacional y municipal
Algunas formas en las que las empresas están tomando medidas
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Acceso a la justicia para grupos y personas marginados
La Fundación Fernando Pombo (FFP), del despacho de abogados español Gómez-Acebo & Pombo, promueve los derechos de los pobres a través de los principios del ODS 16, especialmente el estado de derecho. La FFP colabora con las facultades de derecho para concienciar sobre el papel de las empresas en el apoyo a los derechos humanos y las prácticas jurídicas éticas. También se asocia con organizaciones de la sociedad civil, administraciones públicas, sector privado y filántropos para apoyar la eliminación de la violencia, la trata de personas, la corrupción y otras metas del ODS 16. FFP anima a los profesionales del derecho a adoptar el ODS 16 para promover los derechos humanos y el estado de derecho. (Fuente)
- Alianza para combatir la violencia contra la comunidad asiática
Históricamente, el ordenamiento jurídico ha marginado a los estadounidenses de origen asiático de bajos ingresos e infrarrepresentados a quienes no se les ha brindado el debido proceso, por no hablar del respeto y la atención básicos que merecen sus casos. Las víctimas a menudo carecen de acceso a recursos y asistencia jurídica debido a las barreras lingüísticas y culturales, entre otros factores inhibidores. Las víctimas del odio contra los asiáticos necesitan defensores culturalmente sensibles y soluciones reales. En respuesta a los crecientes ataques a la comunidad asiática estadounidense, un grupo de Asesores Jurídicos de las empresas de Fortune 1000 y más de 40 despachos de abogados anunciaron la creación de The Alliance for Asian American Justice (La Alianza para la Justicia Asiática Estadounidense), una iniciativa nacional a título gratuito comprometida con la defensa de las víctimas y la prevención de futuros actos de odio contra la comunidad asiática. (Fuente)
- Red de Empresas para el Estado de Derecho
La Red de Empresas para el Estado de Derecho del Centro de Bingham tiene por objeto identificar cuestiones relacionadas con el estado de derecho que atañen a la comunidad empresarial, y facilitar información a los socios corporativos. Los proyectos centrales incluyen el examen de cómo las empresas deben cumplir las normas internacionales en materia de derechos humanos cuando se enfrentan a requisitos nacionales contradictorios. Otros temas debatidos con la Red son el interés público transnacional en la inversión internacional y el derecho mercantil, el soborno y la corrupción, el ODS 16 y el papel del sector privado, un índice del estado de derecho para las empresas; y privacidad de los datos frente a intercambio de datos. Los miembros fundadores son Nestlé, BP, Anglo American, BT Group, Diageo, HSBC, Rio Tinto, Rolls-Royce, Shell International y Unilever. (Fuente)
- Respuesta de las empresas al golpe militar en Myanmar
Tras la respuesta de las Naciones Unidas al golpe militar en Myanmar, se instó a la comunidad empresarial a manifestarse en contra del ataque a los procesos democráticos y las violaciones de los derechos humanos, incluidos esfuerzos por limitar el acceso a Internet, así como por restringir la libertad de reunión y expresión y el asesinato de manifestantes. Las empresas emitieron declaraciones en las que expresaron su preocupación por estas acciones. (Fuente)
- Respuesta de las empresas al asesinato de Jamal Khashoggi
Tras el brutal asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado de la Arabia Saudita en Estambul, muchos empresarios declinaron asistir a la Iniciativa de Inversión Futura anual, conocida como «Davos en el desierto», ante las dudas que había en ese momento sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Khashoggi. (Fuente)
- Respuesta de las empresas a los disturbios en el Capitolio de los Estados Unidos
En los días posteriores a la insurrección en el Capitolio de los Estados Unidos, consejeros delegados de toda la comunidad empresarial emitieron declaraciones condenando la violencia y defendiendo la gobernanza democrática y el estado de derecho en los Estados Unidos. Además de estas declaraciones y de las graves preocupaciones expresadas por las Naciones Unidas y otros, muchas empresas anunciaron cambios en sus políticas de contribuciones políticas, y algunas empresas se negaron a hacer contribuciones a candidatos concretos que se oponían a la certificación del Presidente electo, mientras que otras interrumpieron todas las contribuciones políticas. La conmoción por los acontecimientos del Capitolio —y la amenaza planteada al sistema electoral de los Estados Unidos— desató una respuesta sin precedentes de la comunidad empresarial en defensa de las instituciones y los procesos democráticos. (Fuente)
- Apoyo de las empresas al acceso a la justicia durante la pandemia
Como los tribunales se vieron obligados a cerrar sus puertas en gran parte del mundo ante las restricciones decretadas por la pandemia, carecían de orientaciones o directrices sobre cómo seguir funcionando a distancia de un modo que permitiera mantener los niveles de imparcialidad, rendición de cuentas e independencia judicial. Los escollos encontrados fueron tanto técnicos como procedimentales. El Instituto CEELI (Praga) intervino para colaborar con jueces de toda Europa central y oriental en el desarrollo de directrices apropiadas para jueces sobre la celebración de audiencias a distancia, de un modo que permitiera seguir respetando las normas internacionales sobre juicios justos. El Instituto recibió el apoyo de empresas como Nestlé, Shell International B.V. y CourtCall, que aportaron tiempo, capacidades y conocimientos, así como las contribuciones financieras necesarias para facilitar estos programas. (Fuente)
- Alianza Corporativa para el Estado de Derecho (CAROL)
La Alianza incluye a instituciones privadas y públicas y su objetivo es utilizar diversas fortalezas y experiencias en asociación para mejorar el estado de derecho. Un cambio institucional eficaz exige compromiso y cooperación intersectorial respecto a la mejora de los marcos jurídicos formales, las normas y conductas culturales informales, y el cumplimiento de la legislación. La Alianza se centra en apoyar, promover y fortalecer la promulgación y aplicación transparentes de leyes claras y justas; sistemas judiciales independientes, competentes y bien dotados de recursos; acceso universal e igualitario a la justicia; incentivos y mecanismos eficaces contra la corrupción; mecanismos eficaces para garantizar que la administración de la ley sea justa, no arbitraria; y una profesión jurídica capaz y bien equipada para defender el estado de derecho. (Fuente)
- Rastreador de impacto del estado de derecho RELX-LexisNexis
El Rastreador de Impacto del Estado de Derecho reúne datos del Proyecto Mundial de Justicia, el Banco Mundial y Transparencia Internacional para cuantificar las relaciones entre el estado de derecho y los indicadores económicos y sociales. Permite a los usuarios explorar no solo por qué el estado de derecho es de vital importancia para el desarrollo mundial sostenible, sino también qué es realmente posible en el mundo si trabajamos juntos para influir en el cambio. (Fuente)
Algunos sectores que pueden y deben contribuir a la consecución de la Meta 16.3
El estado de derecho es inherentemente pertinente para todos los sectores. Sin el estado de derecho, las empresas no pueden funcionar y las sociedades no pueden prosperar. Una vez dicho esto, los/as abogados/as —internos o de despachos externos— tienen una responsabilidad especial en la protección, el respeto y la defensa del estado de derecho, especialmente por lo que respecta al asesoramiento que prestan a las empresas y otras personas o entidades.
Algunas intersecciones con la Meta 16.3 y los Diez Principios, los Principios Rectores de las Naciones Unidas y el ODS16+
El estado de derecho es inherentemente relevante para todos los aspectos de los Diez Principios y todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El estado de derecho es fundamental para la materialización de estos principios y metas, tanto desde el punto de vista procedimental como sustantivo.
- Alianza para combatir la violencia contra la comunidad asiática