MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS METAS
META 16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.
Las Metas 16.a y 16.b se denominan «medios de ejecución», lo que indica que son fundamentales para la consecución de todas las metas del ODS 16. Para diferenciarlas, las metas de «resultados» anteriores se designan numéricamente y las metas de medios de implementación se designan alfabéticamente. A pesar de que las metas de medios de implementación son condiciones suspensivas para las metas de resultados del ODS 16 —como se ha destacado a lo largo de este Marco— todas las metas del ODS 16 están conectadas inextricablemente entre sí y con los ODS en términos más generales. Y aunque parece haber cierta duplicación, conviene explicar brevemente el alcance y la pertinencia de estas metas de medios de implementación, ya que se refieren a las empresas.
¿Qué significa la Meta 16.a para las empresas?
Este objetivo de la meta de medios de implementación es especialmente relevante en todas las metas y se asemeja en gran medida al acceso a la justicia y al estado de derecho (Meta 16.3); unas instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas (Meta 16.6); y una toma de decisiones inclusiva, participativa, representativa y que responda a las necesidades (Meta 16.7). Esta meta refuerza la necesidad de desarrollar la capacidad de las instituciones nacionales en consonancia con la cooperación y los convenios internacionales. Reconoce asimismo las interrelaciones entre la capacidad de las instituciones nacionales, como las instituciones nacionales de derechos humanos independientes, y los factores que propician la violencia y el terrorismo.
Las empresas tienen un gran interés en esta meta, ya que entra en el núcleo de la gobernanza mundial que, como se describe en este Marco, comprende instituciones, leyes y sistemas a escala municipal, nacional y mundial. Sin duda, el desarrollo de capacidades de las instituciones nacionales pertinentes proporciona las condiciones necesarias de claridad, certidumbre y coherencia para que las empresas operen de manera responsable, rentable y sostenible. Estas instituciones incluyen los poderes ejecutivo, judicial y legislativo de una democracia que funcione bien y organismos reguladores independientes, incluidas las comisiones de lucha contra la corrupción o de trabajo justo, las oficinas de protección del consumidor o de protección del medioambiente; las instituciones nacionales de derechos humanos; las agencias encargadas de velar por el cumplimiento de la ley; los nacimientos, defunciones y matrimonios o los registros de propiedad intelectual y propiedad inmobiliaria; las comisiones de la bolsa de valores; y otras.
Por otra parte, los casos de delincuencia, terrorismo y violencia —incluidos los conflictos armados y la guerra civil; los sobornos, la corrupción y las corrientes financieras ilícitas; la trata de personas y el tráfico de especies silvestres; la violencia contra mujeres y niños; y la violencia relacionada con las armas de fuego (Metas 16.1, 16.2, 16.4 y 16.5)— plantean retos significativos para las operaciones y la reputación de una empresa. Por todas estas razones, las empresas tienen un gran interés en establecer instituciones nacionales que fomenten sociedades pacíficas, justas e inclusivas.
Las empresas también deben considerar si tienen dentro de sus propias organizaciones las prioridades, funciones y responsabilidades adecuadas para adoptar la gobernanza transformadora. Por ejemplo, cómo están estructurando las empresas sus propios marcos de gobernanza para garantizar que exista una supervisión adecuada de la cultura organizativa, las estrategias, las políticas, las operaciones y las relaciones con el fin de gestionar adecuadamente los riesgos financieros, jurídicos y para la reputación y los riesgos medioambientales, sociales y de gobernanza.
¿Cómo deben las empresas implementar la Meta 16.a?
Como se ha señalado a lo largo de este Marco, las empresas deben «no causar daño» como base de referencia mínima. Esto incluye demostrar respeto por los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, derechos laborales, medioambiente y lucha contra la corrupción y cumplir los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Para ello, las empresas deben disponer de los sistemas necesarios para gestionar cualquier riesgo real o potencial para la empresa y para las sociedades en las que operan y a las que prestan servicio, a los que se alude en los Principios Rectores de las Naciones Unidas como riesgos materiales y significativos, respectivamente. Este enfoque incluye la adopción de prácticas exhaustivas de gestión de riesgos, diligencia debida y cumplimiento; el establecimiento de procedimientos sólidos de escalada y mitigación; y cultivar relaciones auténticas con comunidades, empleados/as, reguladores e inversores.
Las empresas también deben asegurarse de no obstaculizar la capacidad de los gobiernos para establecer y ejercer discrecionalidad sobre las instituciones públicas básicas ni la capacidad para promulgar y aplicar leyes que sean necesarias para proteger el interés público en una jurisdicción determinada. Esta expectativa incluye no ejercer presión contra la protección de los derechos indígenas o el medioambiente o añadir cláusulas de estabilización en contratos de inversión extranjera que permitan a una empresa estar exenta de cambios en la legislación que puedan imponer nuevas restricciones o sanciones. Y de manera similar a las Metas 16.2 y 16.4, las empresas deben colaborar con los cuerpos y fuerzas de seguridad siempre que sea posible para combatir la delincuencia organizada, la delincuencia transnacional o cualquier otra forma de delincuencia, de conformidad con la legislación nacional y los derechos humanos.
Por otra parte, las empresas pueden contribuir positivamente abogando por el establecimiento o el fortalecimiento de las instituciones nacionales antes mencionadas para promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Esto puede incluir el fortalecimiento de los mandatos existentes o la participación en instituciones multilaterales que aspiran a proteger a las personas y al planeta. Por último, las empresas responsables pueden aportar conocimientos especializados y recursos técnicos para ayudar a los gobiernos a desarrollar capacidades y supervisar el impacto de estas instituciones nacionales.